“Existen sólidas razones sanitarias, éticas, legales, económicas y sociales para rechazar la transformación de la eutanasia en un derecho subjetivo y en una prestación pública”, asegura el informe del CBE.
Porque no sólo despenaliza la eutanasia, como una excepción a la regla general que exige proteger la vida, sino que reconoce la muerte como un derecho incorporable al catálogo de prestaciones de la Sanidad pública.
También subrayaron que “el deseo de una persona de que un tercero o el propio Estado acabe con su vida, directa o indirectamente, en aquellos casos de gran sufrimiento físico y/o psíquico debe ser siempre mirado con compasión y atendido con una actuación compasiva eficaz que conduzca a evitar los dolores y procurar una muerte en paz”.
“Legalizar la eutanasia y/o auxilio al suicidio supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana cuyas fronteras son harto difíciles de prever, como la experiencia de nuestro entorno nos muestra”.
Además insisten en que “la eutanasia y/o auxilio al suicidio no son signos de progreso sino un retroceso de la civilización, ya que en un contexto en el que el valor de la vida humana con frecuencia se condiciona a criterios de utilidad social, interés económico, responsabilidades familiares y cargas o gasto público, la legalización de la muerte temprana agregaría un nuevo conjunto de problemas”.
Y precisamente aseguran que por “la protección integral y compasiva de la vida” la CBE propone “la protocolización, en el contexto de la buena praxis médica, del recurso a la sedación paliativa frente a casos específicos de sufrimiento existencial refractario” y siempre “junto a la efectiva universalización de los cuidados paliativos”.
Ése, subrayan, debería ser el “camino a emprender de manera
inmediata, y no la de proclamar un derecho a acabar con la propia vida a través
de una prestación pública”, especialmente tras la pandemia de COVID-19 en la
que “miles de nuestros mayores han fallecido en circunstancias muy alejadas de
lo que no solo es una vida digna, sino también de una muerte mínimamente
digna”.
“Responder con la eutanasia a la “deuda” que nuestra sociedad ha contraído con nuestros mayores tras tales acontecimientos no parece el auténtico camino al que nos llama una ética del cuidado, de la responsabilidad y la reciprocidad y solidaridad intergeneracional”, insisten. Fuente: Aciprensa. Com. Puede leer el informe completo AQUÍ