29 de mayo 2025 ARBITRARIO Y … ¡ABSURDO! Autor: Padre Mario
García Isaza. (cm) Formador Seminario Mayor, Arquidiócesis de Ibagué. magarisaz@hotmail.com
“Sicut canis qui revertitur ad vomitum suum, sic imprudens
qui iterat stultitiam suam” (Prov.,
26,11) El insensato que incurre
nuevamente en su despropósito, es como el perro que vuelve a comer su propio
vómito.
Me ha venido a la mente esta sentencia bíblica a propósito del
nuevo, arbitrario y absurdo pronunciamiento de la Corte Constitucional. Una
vez más los temerarios togados de esa instancia judicial conminan a nuestros
Pastores, los señores Obispos y los Superiores de las Comunidades religiosas,
exigiéndoles que entreguen, sin restricción alguna, al perverso
gacetillero
Estupiñán y a otros de igual calaña, información acerca de
los sacerdotes y personas de algún modo vinculadas con las respectivas diócesis
o comunidades; tiene la pretendida información unas características, unas
dimensiones, un alcance tales, que se necesita estar desquiciado para exigirla;
por eso creo que la sentencia del libro sagrado con que abrí esta reflexión,
les cabe no solo a los sañudos periodistas de marras sino a los irrazonables
magistrados que les prestan atención.
Pretenden los fisgones, ¡resulta increíble!, que se les suministre información minuciosa
no solo de los clérigo que en algún momento han sido sindicados de un abuso
contra niños o adolescentes, sino de todos los sacerdote y religiosos que hayan
tenido cualquier vinculación con la institución (diócesis o comunidad
religiosa) desde su fundación; y no sólo eso : pretenden que se les entere de
las convicciones de esos sacerdotes, de su itinerario pastoral, de sus traslados
y las razones de estos….
Dos magistrados, ¡loor a ellos!, se apartaron del parecer de
sus colegas y sentaron su salvamento de voto: el doctor Jorge Enrique Ibáñez
Najar, presidente de la Corte, y la doctora Cristina Pardo Schlesinger. Y lo
hicieron con argumentos tan objetivos, con razones tan pertinentes y obvias,
que uno no puede entender cómo los otros magistrados no las tuvieron en cuenta
en su desatinada decisión. Aun a costa
de resultar prolijo, y porque creo que vale la pena hacerlo, cito algunas de
sus lúcidas consideraciones. Del Doctor Ibáñez: para él, y es apenas lógico,
“solo era pertinente entregar la información…relacionada con aquellas personas
vinculadas a investigaciones por delitos sexuales…”.
No había lugar, por consiguiente, a la absurda exigencia de
información, señala el doctor Ibáñez, “ sobre todas las personas que
estuvieran, o hubieran estado vinculadas, inclusive desde hace varios siglos, a
las organizaciones eclesiásticas demandadas como ministros de
la religión católica, que nunca estuvieron o han estado investigadas y
ni siquiera relacionadas con la presunta comisión de conductas constitutivas de
abuso… Debe mantenerse y garantizarse la protección otorgada por el
ordenamiento jurídico a los datos relacionados
con los clérigos …que no están relacionados con la presunta comisión de
delitos sexuales…tal como lo establece el bloque de constitucionalidad…
El
hecho de que una persona tenga una exposición pública, como podría ser el caso
de un sacerdote, no implica que todos sus datos deban ser entregados o
pierdan su naturaleza como semiprivados o sensibles…El hecho de que la
condición de ministro de una religión se certifique con un documento expedido
por la institución religiosa no
desnaturaliza la protección otorgada por el ordenamiento jurídico…Lo cierto es,
- continúa expresando el juicioso magistrado – que no porque algunos sacerdotes
en la historia de la Iglesia estén vinculados a la comisión de delitos de
violencia sexual se puede derivar la conclusión conforme a la cual todos los
sacerdotes son presuntos responsables de estos hechos…como tampoco se podría
sostener sin más que la Iglesia católica – como dice con increíble avilantez
Estupiñán – sea una empresa transnacional de crimen organizado ” .
A renglón seguido, el doctor Ibáñez, en su razonado
salvamento de voto, les espeta a sus colegas de la corte lo siguiente: “el
hecho de que un juez o magistrado haya estado asociado con la comisión de
delito por corrupción, no implica que todos sean corruptos, o que la rama
judicial sea una empresa criminal… Lo
mismo ocurre con el ejercicio del periodismo: por el hecho de que un
comunicador eventualmente incurra en una conducta que constituya un delito, no
por ello es posible concluir que todos los periodistas violan la ley, y que los
medios en los cuales trabajan son empresas de crimen organizado”
Y sustenta el honorable magistrado su salvamento de voto
aportando datos incontrovertibles. El abuso sexual contra niños y
adolescentes es una problemática muchísimo más amplia que la que pretenden
investigar los periodista aquellos en el seno de la Iglesia católica…. y “tiene
mayor incidencia en el seno del hogar,
en los espacios escolares, sociales y deportivos… En el año 2023 la Defensoría
del Pueblo emitió un informe en que reveló que la mayoría de los casos de
violencia sexual contra niños o adolescentes corresponde a situaciones que se
dan al interior de grupos familiares y comunidades en donde confluyen diversos
factores sociales como pobreza, conflicto armado y baja presencia
institucional”.
Y aporta el doctor Ibáñez múltiples datos estadísticos,
tomados de documentos oficiales, que avalan sus consideraciones sobre la
injusticia que encierra la temeraria acusación que se hace contra la Iglesia.
Datos como éste, por ejemplo: “El Instituto Nacional de Medicina Legal destacó que
el 93. 84% de los casos (de abuso o violencia sexual contra niños), fueron
cometidos por familiares, conocidos, parejas o exparejas, amigos y encargados
del cuidado de los niños El 78.33% de
los casos ocurrieron en el hogar …” -
Frente a esos datos demoledores, está el hecho de que, estadísticamente,
los abusos cometidos por miembros del clero no llegan a ser el 1% de todos los
que se dan en el país. Lo cual, insisto, no nos sirve de consuelo, ni mucho
menos.
Por su parte, la magistrada doctora Pardo Schlesinger
sustenta su salvamento de voto en argumentos no menos sólidos y claros que los
del doctor Ibáñez. Para ella, la exigencia formulada por la corte es abusiva
por dos razones fundamentales y evidentes: 1°,
“ Por la cobertura sobre la que recae la petición. Se pretende acceder a
las hojas de vida de todos los sacerdotes vinculados a la Iglesia católica
desde la fundación de la respectiva diócesis o comunidad religiosa…”
Y
recuerda la magistrada, para poner en evidencia lo absurdo de tal pretensión,
que hay, por ejemplo, diócesis cuya fundación se remonta a la época de la
conquista o la colonia… Y 2°, “Por la magnitud de la información solicitada
no relacionada con denuncias concretas.
La solicitud de entregar las hoja de vida de todos los sacerdotes, vivos
o muertos, pertenecientes a las diócesis o instituciones de la Iglesia católica
en toda su historia…. se funda en una presunción generalizada de mala fe
contraria a la de inocencia, constitutiva de un estereotipo que implica en sí
mismo un acto de discriminación”.
Como dice acertadamente el P. Raúl Ortiz en un magnífico
comentario, tratándose de los sacerdotes destruyen el principio de
presunción de inocencia y lo convierten en presunción de culpabilidad; el
solo hecho de ser sacerdotes ya nos hace sospechosos… Y la doctora Pardo
Schlesinger anota con agudeza que la perversa actuación de los periodista, en
casos como este, calumniosa e imprudentemente causa “el linchamiento mediático
de personas o colectividades”
Uno se pregunta: ¿se atreverían esos emponzoñados
periodistas o esos magistrados, a hacer la misma exigencia, por ejemplo, al
ministerio de Defensa en relación con todos los policías y militares que
están bajo su jurisdicción…o al Ministro de Educación acerca de todos los
maestros que están o hayan estado bajo su autoridad… ? ¡Ah!, no, por supuesto
que no lo harían; entre otras cosas porque no tienen contra esas instituciones
la secreta inquina que los envenena contra la Iglesia; y además porque, si lo
hicieran, los mandarían a freír espárragos.
Después de leer las quince o más páginas del comunicado 19
de la Corte, recordé, y traigo ahora de nuevo a cuento, lo que escribí hace
algún tiempo sobre este mismo asunto.
“La Iglesia de Dios es santa. Así lo profesamos en el Credo.
Lo es por su divino Fundador; lo es porque la asiste el Espíritu Santo; lo es
porque a ella le confió Jesucristo los tesoros de la salvación y santificación
de los hombres; lo es porque en ella, a lo largo de los siglos, se han dado y
siguen dándose frutos espléndidos de santidad y perfección.
Sí, es santa.
Pero es al mismo tiempo pecadora. Lo es en nosotros, débiles y míseros; lo es
porque, al propio tiempo que divina, es humana. Y así, divina y humana,
santa y pecadora, se reconoce a sí misma. Y a lo largo de su historia
milenaria, no pocas veces el miserable barro de quienes somos sus miembros ha
empañado el esplendor de su rostro.
En las últimas décadas, esa realidad de pecado ha tenido una
manifestación terriblemente grave y dolorosa: el abuso de carácter sexual
cometido por personas consagradas contra diversas personas, muchas de ellas
menores de edad; y, en algunos casos, la actitud connivente de la autoridad
eclesiástica frente a ese delito execrable. Hoy, la santa Iglesia así lo
reconoce; ningún intento hace por negarlo; en la voz acongojada de los últimos
Pontífices, ese reconocimiento ha sido humilde, adolorido, valentísimo.
Tienen un timbre de sinceridad innegable y conmovedora las
reiteradas peticiones de perdón de San Juan Pablo II, de Benedicto XVI y del
Papa Francisco. Y son coherentes las medidas adoptadas por ellos y por los
Obispos del mundo entero para poner freno a esa conducta abominable. Medidas
que muchos desconocen, porque no son para la galería… pero que están bien
claras y resultan contundentes para todos los que hemos recibido de Dios o de
la Iglesia misma algún encargo ministerial.
La santa Iglesia no niega
realidades inocultables; ni se consuela o excusa alegando un hecho también
indiscutible: que el número de los eclesiásticos abusadores representa un
porcentaje mínimo frente a los miles y miles de irreprochables servidores de la
comunidad católica. No, eso no la consuela: porque así fuese un solo sacerdote
el que hubiera caído en ese crimen, ya sería suficiente motivo de dolor
irreprimible.”
La Conferencia Episcopal, ante esta tropelía, ha emitido un
comunicado; lo escuché de labios de Monseñor Francisco Múnera, su presidente.
Un comunicado respetuoso, mesurado, sereno.
Califican, muy caritativamente, ese desafuero de “pretensión
desmesurada”, adoptando los términos de uno de los salvamentos de voto. Yo,
menos caritativo seguramente, desde la indignación que me provocan cosas
semejantes, dio que lo actuado por los tales periodistas, y más aún la decisión
de unos togados que deberían tener una pizca siquiera de sensatez y sentido de
la justicia, es sencillamente ruin e infame, aparte de encerrar un
incalificable atentado conta la equidad, el respeto y la justicia.